28.7.16

El informe sobre "Corrupción y Transparencia 2.015" de Poder Ciudadano, incluye dos capítulos sobre Salta

Juan Manuel Urtybey; Miguel Isa; Juan Pablo Rodrìguez y Tomàs S. Rodríguez 


Salta estará presente en la publicación anual de Poder Ciudadano: Corrupción y Transparencia, Informe 2015



N.B. Poder Ciudadano es el Capítulo Argentino de Transparencia Internacional.


Ciudad de Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 – 

La Fundación Poder Ciudadano, presentará en el día de la fecha (2/08/16) su publicación anual Corrupción y Transparencia, Informe 2015. El evento, que contará con la presencia de figuras destacadas del ámbito político y social nacional e internacional, tendrá lugar en el Salón Federal del Centro Cultural Néstor Kirchner, a las 18:00 hs.

Siguiendo la línea del primer informe, Corrupción y Transparencia, Informe 2014, la presente publicación busca proponer reformas posibles para un nuevo gobierno que tiene como desafío principal fortalecer la institucionalidad democrática. Esta edición espera ser una agenda de trabajo y de reformas recoge con actualidad y mirada crítica el objetivo que, desde hace más de 25 años, motoriza a Poder Ciudadano: aportar al fortalecimiento democrático en cada uno de sus elementos.




La publicación invita reflexionar sobre distintas problemáticas de las instituciones democráticas hoy en base a la convicción de que las instituciones deben estar por sobre las personas, la división de poderes debe ser real y no ficticia y la división entre Estado, gobierno, partido político y sector privado debe ser clara y estricta.

El Informe cuenta, nuevamente, con aportes de especialistas destacados en cada una de las temáticas: como José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, María Luján Rey, Claudio Savoia, Roberto Gargarella, Santiago Kovadloff, Roberto Saba, Juan Manuel Abal Medina, María Inés Tula, Delia Ferreira Rubio, Rosario Pavese, Fernando Bracaccini, Maximiliano Campos Ríos, Alberto Föhrig, Guillermo Jorge, Leandro Despouy, y el equipo de Poder Ciudadano; todos sumando reflexiones y posibles respuestas a los dilemas que enfrenta nuestro país en este campo complejo.


En esta oportunidad se destaca el apartado dedicado al nivel subnacional: allí, Gonzalo Guzmán Coraita y Roque Rueda aportaron su conocimiento y experiencia en cuanto a la situación particular de la Provincia de Salta.

En materia de publicidad oficial, Gonzalo Guzmán Coraita destaca la obligación de los gobiernos de hacer públicos sus actos y la necesidad de que la publicidad oficial funcione a modo de canal de comunicación entre gobierno y ciudadanía. Y muestra cómo, en la provincia de Salta, la distribución y contenido de la publicidad oficial no cuenta con la regulación que garantice dicha obligación y cómo las distorsiones de su uso están a la orden del día: la pauta es utilizada como sistema de premios a los adeptos y castigos para los críticos. 

En este contexto, la causa Gonza (1) - acompañada con un amicus curiae por Poder Ciudadano y con tratamiento por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - evidencia cómo la ausencia de normas o su incumplimiento, así como la falta de transparencia - la provincia incumplía el Artículo 2 del Decreto Provincial Nº 57/02 al no elaborar un listado con los medios a los cuales se les asignaba pauta oficial - y mecanismos de control eficientes, facilitan las distorsiones y abusos en esta materia. 

Como resalta el autor, esta situación que no es exclusiva de la provincia de Salta, es sumamente preocupante en tanto “el uso distorsionado de los recursos publicitarios afecta la libertad de expresión y la democracia”. El fallo parcialmente favorable para la presentación judicial antes citada, puede ser también un punto de inflexión “si la provincia acatara la exhortación que se le ha efectuado y regulara, finalmente, mediante una ley, la distribución de la publicidad oficial”. Para esto sólo falta voluntad política.


Roque Rueda nos acerca el caso del uso discrecional los fondos reservados en la Ciudad de Salta. El margen para un uso abusivo estaba en la misma normativa que debía regular estos recursos - Artículo 8 de la Ordenanza Nº 13775 -: el Intendente y el Presidente del Concejo Deliberante tenían competencia para ejecutar la partida destinada a subsidios y subvenciones sin rendir cuentas del uso que hicieran de la misma. 

En la práctica, esta partida fue aumentada (casi un 60%) todos los años gracias a la atribución de estos “superpoderes”. Como señala el autor, “La existencia de gastos sin rendición de cuenta en el Estado resulta inconcebible desde la lógica republicana” y refleja con claridad el concepto de corrupción corporativa de la política: “Cuando [la política] se vuelve corporativa comienza a servir a sus propios intereses: los representantes del pueblo olvidan su carácter de representantes, es decir, gestores de lo ajeno, para asumir el rol de dueños”. 

La batalla judicial encarada por Roque Rueda y un grupo de actores comprometidos con la transparencia posibilitó que en recién en 2012, la cláusula que habilitaba gastos reservados fuera derogada. 

El derrotero judicial condujo a la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su consideración en marzo de 2015.


(1) “Gonza, Juan Guillermo contra Poder Ejecutivo -Estado Provincial de Salta por amparo”,
Expediente -488071/14.


Contacto: Catalina Müller – cmuller@poderciudadano.org

Fuente: Parte de Prensa Poder Ciudadano.


Seguiremos informando.

1 comentario:

  1. JOSÉ AGUERO MOLINA30 de julio de 2016, 19:12

    Salta es, desde hace décadas, el reino corrupto de las familias que se apropian de los bienes del Estado y jamás rinden cuenta ante la Justicia. Basta mirar los catastros de inmuebles para ver que el mayor movimiento inmobiliario lo tienen los políticos justicialistas y ni hablar del enriquecimiento insólito de los Romero, los Isa, los Godoy, los Urtubey y muchos más.

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