17.9.20

Dictamen Fiscal: Eduardo Sylvester opina que la Corte de Salta ya cumplió con su obligación de informar



En el día de hoy se conoció el dictamen emitido por Eduardo Sylvester, Fiscal ante la Corte que ocupa interinamente el cargo de Fiscal de Cámara en el juicio que iniciamos a la Corte de Justicia de Salta por negar información sobre los sueldos de sus integrantes. 

En su opinión, al publicar en internet la Corte de Justicia la escala salarial básica de los Jueces de Corte, con posterioridad a la demanda que interpusimos en su contra, ella ya habría cumplido con su obligación de informar sobre los sueldos que efectivamente cobran sus integrantes.

El dictamen fue emitido el 9 de septiembre, pero se conoció recién hoy luego que el expediente fuera retirado de la bolsa sanitaria en la que fue colocado por el Juzgado de Familia 1 y luego de que fuera remitido al despacho del Dr. Leonardo Aranibar, Vocal de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en feria.

Las conclusiones del fiscal

En su dictamen, Eduardo Sylvester, luego de hacer un breve repaso sobre las normas que regulan el derecho de acceso a la información pública y de señalar que el proceder de la Corte de Justicia al denegar nuestro pedido de información fue erróneo, señaló que la publicación en internet realizada con posterioridad a la interposición de nuestra demanda es un hecho nuevo cuyos alcances y efectos debe analizarse.

En tal tarea el Fiscal de Corte señaló que en materia de sueldos "la Corte Suprema de Justicia de la Nación se limita a publicar en su página web el salario básico de los jueces.." y que por lo tanto, "la publicación del salario básico realizado por la Corte de Salta constituye un parámetro de actuación que cumple con el deber de brindar acceso a la información pública..."

Señala que la Corte de Salta al final de la publicación de la escala salarial básica expone una explicación de la composición del salario detallando en cada item cuál es el porcentaje de incremento por año, y que a partir de esa información cualquier ciudadano podría, a través de un procedimiento relativamente sencillo conocer, cual es el sueldo de cada uno los integrantes de la Corte.

El Fiscal se refiere al apartado final de la publicación de la Corte en la que se señala que el salario del juez se compone además de un 33,5 % por continuidad en el cargo, más 1 % cada 3 años de cumplimiento de la función y 2 % por año de servicio en concepto de antigüedad.

Señala también Sylvester, por último, que el criterio adoptado por la Corte de Justicia luego de la interposición de nuestra demanda, es el mismo que utiliza el Poder Ejecutivo provincial para la divulgación del salario de sus dependientes, lo que no es cierto ya que como se puede constatar visitando la pagina del Gobierno de la Provincia, la publicación salarial que realiza ese poder comprende no solo el sueldo básico del Gobernador, Ministros, Secretarios y demás personal jerárquico sino también sus sueldos brutos y los sueldos de bolsillo.  

Por todas estas consideraciones Sylvester concluye que "...el estandar de información seguido por la Corte de Justicia de Salta resulta válido para tener por cumplido el deber de otorgar la información que le fue requerida por la presente acción de amparo." 


   Dictamen de Eduardo Sylvester de fecha 9/09/20




Seguiremos informando.


El Colegio de Abogados de Salta se presentó como amicus en el juicio seguido contra la Corte de Justicia


En el día de hoy el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta solicitó su intervención como amicus curiae, en la causa que iniciamos contra la Corte de Justicia de Salta por negar información sobre los sueldos de sus integrantes.

La presentación fue realizada por su presidente, el Dr. Pedro Humberto Burgos con el patrocinio letrado de la Dra. María L. Falconier Diez.

En su presentación el Colegio de Abogados señaló que el juicio seguido contra la Corte de Salta constituye "un test institucional" del Poder Judicial de Salta

Resaltó también que negar información es un acto de censura previa, que los sueldos de la Corte deben ser públicos y que la presentación de la Fiscalía de Estado en el expediente como "representante" de la Corte sienta un precedente peligroso, entre otras consideraciones.

A continuación repasamos algunos puntos de la presentación realizada.


El caso constituye un test institucional del Poder Judicial

En su presentación el Colegio de Abogados destacó que “…el caso excede ampliamente el interés particular de su actor, e involucra cuestiones esenciales al estado de derecho y a la vida democrática, republicana y constitucional de nuestra Provincia” ya que no puede perderse de vista que la negativa del derecho constitucional de acceso a la información pública proviene en este caso nada menos que del máximo órgano judicial salteño, es decir, precisamente, del último custodio local de la Constitución.

El caso constituye, por tanto, un verdadero “test” institucional de nuestro Poder Judicial. Un ciudadano se ha visto obligado a llevar ante los estrados judiciales al máximo órgano judicial de la provincia. Si nuestro estado de derecho es fuerte, la jerarquía institucional de ese órgano no influirá en el derrotero de la causa, la que será resuelta aplicando el derecho, tanto en lo procesal como en lo sustancial, y siempre en el contexto de los importantísimos principios constitucionales de igualdad ante la ley (arts. 16 CN y 13 CP) y de responsabilidad en juicio del Estado y de los funcionarios públicos (arts. 1, 33 y ccdtes de la CN, art. 5 CP)” se destacó en la presentación.


Negar información es un acto de censura previa

El Colegio de Abogados recordó que “El acceso a la información en poder del Estado ha sido reconocido expresamente como un derecho humano integrante de la libertad de expresión y que negar el acceso a información pública es un gravísimo acto de censura previa. Obrando así, los organismos del Estado no sólo no permiten la expresión de la libre opinión, esencial para la vida republicana y la democracia, sino que incluso impiden la propia formación de esa opinión.”

 

Los sueldos de los jueces de Corte deben ser públicos

Respecto al objeto del amparo iniciado contra la Corte, el Colegio señaló “Lo que ha solicitado un ciudadano es conocer los montos completos de la remuneración percibida por ciertos funcionarios del más alto rango en la Provincia.”

“El carácter público de esta información no puede ponerse en duda. Se trata, en primer lugar, de información relativa a una erogación de fondos públicos. Esa erogación – por ser tal - se halla sujeta a todo el proceso de autorización presupuestaria, asignación, documentación, rendición de cuentas y control. Este enfoque alcanza para constatar que no hay posibilidad alguna de conferir un carácter reservado o secreto a estos salarios, sencillamente porque son una erogación del Estado.”

 

La intervención de la Fiscalía de Estado como representante de la Corte es un precedente peligroso

Por último y en relación a la intervención de la Fiscalía de Estado en representación de la Corte el Colegio señaló: “El Fiscal de Estado es un funcionario que la Constitución de la Provincia incorpora en la órbita del Poder Ejecutivo de la Provincia. Desde ese lugar institucional cuando la Provincia es demandada, o cuando hay en un juicio intereses o derechos de la Provincia involucrados, es el Fiscal de Estado quien la representa.

El caso de autos tiene como demandada a la Corte de Justicia, no a la Provincia. Su origen se encuentra en una negativa del Tribunal a proveer información que atañe exclusivamente a su propio campo de actuación administrativa. No hay ningún interés ni derecho de la Provincia en juego.

 La intervención de la Fiscalía de Estado como representante de la Corte en este caso sienta un precedente con serias consecuencias institucionales.

 “Preocupa a este Colegio de Abogados y Procuradores que la Corte haya consentido tal intervención.

 No se trata de una cuestión puramente teórica, ni de carácter únicamente institucional. Esta irregular situación atañe a la labor de muchos de nuestros colegas, y a los intereses de las personas que éstos patrocinan o representan. Este Colegio de Abogados y Procuradores no puede pasarla por alto. “

 Todos los días el Fiscal de Estado representa al Estado Provincial en juicios que tramitan, originariamente o por apelación, ante la Corte de Justicia. Muchos ciudadanos y ciudadanas litigan contra la Fiscalía de Estado ante la Corte. El rol que ha asumido la Fiscalía de Estado en este juicio implica que todos esos ciudadanos y ciudadanas litigan ahora, en la Corte de Justicia, contra el representante en juicio de esa misma Corte de Justicia.”

 

La importancia institucional del caso

En su presentación el Colegio de Abogados destacó por último, que este caso pone en juego la vigencia efectiva de importantísimos principios constitucionales.

Se trata también de la igualdad. Este caso pone en juego la vigencia efectiva de este importantísimo principio de nuestro derecho y de nuestra vida común. Se trata de ver si llevada a juicio la Corte de Justicia en un caso como éste es una parte más. Si rige respecto de ella la igualdad de armas procesal. Si el cumplimiento del derecho le puede ser exigido al órgano máximo encargado de exigir ese derecho a todos los ciudadanos, ciudadanas y restantes órganos del Estado.

Se trata de la vigencia plena del estado de derecho, sea quien sea el acusado de conculcarlo. Se trata de la vigencia plena de la soberanía popular, según la cual es el pueblo - cada ciudadano o ciudadana – el dueño de lo público, y los funcionarios sólo sus administradores y representantes. Se trata de la plena vigencia del principio republicano de responsabilidad del Estado y sus funcionarios.

Celebramos y agradecemos que el Colegio de Abogados asuma presencia institucional en este tipo de cuestiones centrales para nuestro estado de derecho.

 Presentación como amicus curiae del Colegio de Abogados de Salta de fecha 17/09/20


 



Seguiremos informando.

El FOCIS se presentó como amicus en el juicio seguido contra la Corte de Justicia de Salta





El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) solicitó su intervención en calidad de "amicus curiae" en apoyo de la demanda que iniciamos contra la Corte de Justicia de Salta por negar información sobre los sueldos de sus integrantes.  

La presentación fue realizada el día 16 de septiembre por el apoderado de esa institución, el Dr. Armando Caro Figueroa.

El FOCIS es una organización de la sociedad civil creada en mayo de 2018 y tiene por objeto promover y defender los principios republicanos y preservar la calidad institucional de la Provincia de Salta. 

Desde su aparición ha realizado diversas actividades e intervenciones tendientes a aportar criterios y opiniones para un mejor desenvolvimiento de las instituciones. El FOCIS es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto (O.G.P. por sus siglas en inglés) de la que la Argentina es parte desde el año 2012. La OGP es una iniciativa multilateral que busca asegurar compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, luchar contra la corrucpción y mejorar los servicios públicos.

En relación a la transparencia en el ámbito del Poder Judicial de Salta, a principios de este año, el FOCIS solicitó a la Corte de Justicia de Salta la implementación de medidas para garantizar el acceso a la información pública en todas las instancias y oficinas de ese Poder, en los términos de lo dispuesto por la Ley 27.275 a la que se encuentra adherida la provincia de Salta mediante la Ley 8173.


La presentación del FOCIS

En su presentación el FOCIS, entre otras consideraciones, señala que a la luz de las disposiciones constitucionales y de los tratados internacionales, la negativa de la Corte de brindar información sobre los sueldos de sus integrantes resulta infundada e implica una violación al derecho humano al acceso a la información pública y hace que el Estado Argentino incumpla una obligación de carácter internacional.

Recordó también que "Los estándares internacionales de acceso a la información pública se rigen por el principio de máxima divulgación" por el cual, "...la información en poder de los organismos del estados es en principio pública y que las excepciones al acceso a tal información deben interpretarse de forma restrictiva."

Presentación de amicus curiae del FOCIS de fecha  16/09/20




Seguiremos informando.

10.9.20

Solicita Empatía: Presentación realizada por un abogado salteño a la Corte de Justicia

 


Solicita empatía

Sr. Presidente de la Excma. Corte de Justicia de Salta:

Marcelo A. PREMOLI, Abogado M.P. 2.258, con domicilio profesional en Avda. Tte. Grl. Juan Domingo Perón Nro 3.399 del Barrio Alto La Loma de esta ciudad, se dirige a Usted y por su digno intermedio a todos los integrantes del más Alto Tribunal de la Provincia, en el contexto de la pandemia COVID-19 y de las normas que rigen el aislamiento social, preventivo y obligatorio, para manifestar muy respetuosamente lo siguiente.

Los abogados somos integrantes del sistema de Justicia desde los distintos roles que asumimos en diferentes materias y fueros, ya sea formando parte del Poder Judicial, ya sea formando parte del Ministerio Público Fiscal o Ministerio Público de la Defensa, ya sea representando o patrocinando a las partes en las diferentes posibilidades en materia procesal, etc. Desde diversos roles contribuimos con un servicio esencial del Estado, pero que así como los servicios de Salud Pública, o el de Educación Pública, o el de Seguridad, no forma parte del aparato productivo.

Las industrias, las PYMES, y otras actividades que generan riqueza y puestos de trabajo, conforman el aparato o motor de producción nacional y/o provincial, a lo que se suman los comercios y empresas que prestan servicios, y hasta los trabajadores que pagan impuesto a las ganancias (por más que nunca hayan percibido más que conceptos alimenticios), que en definitiva a través del pago de diferentes impuestos permiten al Estado obtener los fondos para su desenvolvimiento. O sea, con esos ingresos el Estado eroga los haberes y remuneraciones de los que integran la administración pública en las estructuras de los tres poderes, creados por las constituciones nacional y provincial, y en el orden municipal la respectiva administración.

Ante la crisis actual en que se encuentran nuestro País, nuestra Provincia y los municipios, es sumamente importante ser austeros con los pocos recursos de la deprimida economía, que lejos de encontrarse en crecimiento se encuentra en profunda recesión y desfinanciada, para lo cual los poderes del Estado y todos los organismos públicos que lo integran, ya que no pueden colaborar en sus labores con la producción, por lo menos deben reducir gastos para evitar que se profundice aún más la referida crisis económica.

Los docentes universitarios en el caso de la Universidad Católica de Salta, desde que se inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio, han continuado las actividades académicas desde sus hogares o lugares de trabajo particular (estudio jurídico), utilizando sus computadoras particulares para no discontinuar con el servicio de educación, que en definitiva es el que puede permitir mejorar el futuro de nuestra Patria y nuestra amada Provincia; lo que no es ajeno a numerosos integrantes de esa Excma. Corte de Justicia que también participan del mismo esfuerzo.

Los integrantes de fuerzas de seguridad, como el caso del suscripto que es Oficial de una Fuerza Federal, han tenido que duplicar su esfuerzo laboral para cubrir el trabajo de camaradas que integran población de riesgo, y hasta la fecha ya sufrieron la perdida de numerosas y cercanas vidas que no eludieron el servicio para cumplir con las misiones y funciones correspondientes.

Con mucha tristeza y desaliento, se observa que los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia y de la Nación, y otro tanto en el ámbito municipal, no hicieron ningún esfuerzo que acompañe a la crisis del sistema productivo, lo que se encuentra diametralmente contrapuesto a los incrementos de labores y riesgos de los integrantes del Sistema de Salud Pública, por lejos los más afectados, y otro tanto pero en menor magnitud de riesgo, pero no de trabajo, en los que integran servicios de seguridad y de educación.

No debe dejarse por alto a los colegas que obtienen sus ingresos exclusivamente con el ejercicio liberal de la profesión, que se ven duramente afectados por la referida crisis, a lo que se suma la actual Feria Extraordinaria por Acordada Nro 13.175, que agrava más aún la delicada situación en que se encuentran, postergando el progreso de los procesos que en definitiva son la fuente más importante de sus ingresos, o quizás la única, tratándose de un concepto alimentario.

En el caso particular del Servicio del Poder Judicial de la Provincia, es muy comprensible que la pandemia haya generado zozobra en el personal que lo conforma, que surja la necesidad de tomar medidas urgentes de protección, pero las mismas tienen que acompañar el contexto y el esfuerzo del resto de la sociedad. Sabiendo que todos los servicios mencionados son esenciales, no pueden dejar de ser brindados, y para el caso del servicio de Justicia, brindarlo no comprende el elemental servicio que se imparte con “juzgados en feria” que sólo cubren los casos excepcionales y más urgentes. Por lo cual, dicho servicio esencial se tiene que sobrellevar en las actuales circunstancias, adaptándose a la nueva realidad como lo hacen el resto de los servicios esenciales.

Más aún, quienes no forman parte del aparato productivo del Estado, mucho menos pueden generar gastos sin cumplir con la obligatoria prestación del servicio esencial al que pertenecen.

Muy respetuosamente, y también como salteño que venera y honra el sacrificio de quienes ofrendaron su vida por la Patria, particularmente en la gesta de la Independencia y en la de Malvinas, sin pretender tal sacrificio extremo, solicita se considere que el Poder Judicial de la Provincia acompañe al resto de la sociedad que continúa en las respectivas labores pese a la pandemia, prestando el servicio esencial de Justicia a través de los sistemas informáticos (que desde hace varios lustros se incorporaron a la vida judicial, o estuvieron a disposición por lo menos) y desde los lugares seguros en que se encuentren sus miembros, incluso desde sus propios hogares, así como lo están cumpliendo muchos de los integrantes de los otros servicios esenciales referidos ut supra, en un mundo que se transforma permanentemente y es necesario adaptarse a cada nuevo desafío.

Dicho de otro modo, las ferias judiciales tienen en principio una finalidad de higiene laboral, que en otros ámbitos de trabajo se denominan “vacaciones”, y que están previstas normalmente con esos fines. Ante la realidad del contexto de COVID-19, más allá de la justificable circunstancia excepcional prevista en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, frente el descomunal esfuerzo realizado por los integrantes del Sistema de Salud Pública justamente en circunstancias excepcionales, y no menor que realizan también el resto de los servicios referidos ut supra, resulta lógico que desde el Poder Judicial también se tomen las medidas pertinentes para que se garantice la prestación del servicio de Justicia, y en ese caso percibir los haberes quienes así lo hagan, caso contrario, corresponde que quienes deciden no hacerlo soliciten licencia sin goce de haberes, como en cualquier otro trabajo.

Es necesario ser muy realistas y sinceros: nadie sabe cuándo va a terminar la pandemia. Por lo tanto, también es necesario que con esfuerzo personal, planificación, imaginación, buena voluntad, con medios estatales o propios (como lo hacen docentes y quienes integran servicios de seguridad cumpliendo funciones administrativas) se superen los mayores y menores obstáculos, para contribuir a que los servicios esenciales se sigan prestando del mejor modo posible. Para la pandemia, dos semanas son apenas un puñado de días en la incertidumbre de su duración. O sea que, la Feria Extraordinaria con plena certeza, no va a lograr superarla.

Por otra parte, como lo hacen los docentes primarios, secundarios y universitarios desde sus propias casas, es necesario dar ejemplo a la sociedad desde las estructuras del Estado. La crisis ha golpeado a numerosas familias perdiendo sus fuentes de trabajo, para quienes es difícil asimilar que los que integran estructuras estatales puedan percibir sus ingresos sin cumplir con sus obligaciones laborales, lo que en definitiva atenta contra el prestigio de los mismos, y en particular pone en tela de juicio al Servicio de Justicia.

Sin otro particular, y a la espera de una lectura comprensiva y empática, los saluda muy atte.

MARCELO A. PREMOLI

ABOGADO

M.P. 2.258

8.9.20

Los recibos de sueldo de un Juez

Dr. Marcelo Domínguez - Juez de Cámara Civil y Comercial, Sala III


En la última semana tomó estado público una nota por la que los integrantes de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial solicitaban a su superior administrativo, la Corte de Justicia, el reconocimiento del ítem por compensación de feria respecto de la presente feria extraordinaria.

La entrega a la prensa de esa nota interna – “filtración”, en la jerga periodística – no puede tener origen más que en la misma Corte de Justicia.  La misma Corte de Justicia que hemos tenido que llevar a juicio por negarnos información pública respecto de los sueldos de sus integrantes. Celebraríamos que la apertura y transparencia con la que se publicó el pedido de los camaristas fuera el estándar seguido por el tribunal en todos los casos. 

7.9.20

Cambio de Juez en el juicio contra la Corte

Ciudad Judicial - Salta - foto ilustrativa

Ante el cierre preventivo del Juzgado de Garantías de 4° Nominación solicitamos la intervención de la Jueza Alejandra Diez Barrantes, titular del Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de 5° Nominación en el juicio de amparo seguido contra Corte de Justicia.

La causa que tiene a la Corte como parte demandada se inició el pasado 11 de agosto ante la negativa de ese Tribunal de informar los sueldos de sus integrantes.

5.9.20

La Corte no se presentó a la audiencia



Finalmente la Corte de Justicia no se presentó a la audiencia de conciliación fijada por el Juez Diego Rodríguez Pipino en el marco del proceso de amparo que tramita ante el Juzgado de Garantías de 4° Nominación y que fuera iniciado ante la negativa de ese Tribunal de brindar información sobre los sueldos de sus integrantes.

La audiencia se celebró con la participación de la Fiscalía de Estado, representada por el Dr. Pablo Gustavo Buccianti, la parte actora, patrocinada por Roque Rueda y con la "presencia en forma virtual" del Fiscal ante la Corte, Eduardo Sylvester.